BMI y ASCAP aúnan esfuerzos para luchar contra la interpretación del Departamento de Justicia sobre
BMI cuestiona la concesión de licencias al 100% ante el tribunal federal
BMI y ASCAP, las dos principales entidades de gestión de derechos de autor (PRO, por sus siglas en inglés) del país, que representan en conjunto a más de un millón de autores, compositores y editoras, han aunado esfuerzos para luchar contra la reciente interpretación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre sus respectivos decretos de consentimiento y para impulsar la reforma de dichos decretos. Unidos por su convicción de que la decisión del DOJ de obligar a la concesión de licencias al 100% ocasionará un caos innecesario en el mercado y generará cargas económicas injustas y restricciones creativas para los autores y compositores, las dos organizaciones están llevando adelante una campaña conjunta: BMI a través de una demanda judicial y ASCAP a través de una reforma legislativa.
BMI anunció en el día de hoy que tomará acciones legales y que ha iniciado el proceso de impugnar la concesión de licencias al 100% ante el Tribunal Federal. Simultáneamente, ASCAP anunció que tomará la iniciativa por las dos PRO en la búsqueda de una solución legislativa a fin de garantizar que se continúe con la disponibilidad de licencias fraccionadas, al igual que otros recursos legales frente a las regulaciones obsoletas de los decretos de consentimiento que perjudican a autores y compositores en la era digital. En su última declaración pública, el propio DOJ solicitó una posible reparación legislativa.
Mike O’Neill, Presidente y Director Ejecutivo de BMI, señaló: “La interpretación del DOJ sobre nuestro decreto de consentimiento no le sirve a nadie, ni al mercado actual, ni a las editoras, ni a los usuarios de la música y, lo que es más importante, tampoco a nuestros autores y compositores que ahora tienen al gobierno interviniendo en sus decisiones creativas y financieras. A diferencia del DOJ, creemos que nuestro decreto de consentimiento permite la obtención de licencias fraccionadas, una práctica que estimula la competencia en nuestra industria, y fomenta la creatividad y la colaboración entre los autores de música, un hecho que el DOJ desestimó por completo. Como resultado, no nos queda otro recurso que luchar contra la interpretación del DOJ en un procedimiento judicial. No será sencillo, y sabemos que llevará tiempo, pero consideramos que es lo que se debe hacer y que es lo más beneficioso para la industria en general”.
Elizabeth Matthews, Directora Ejecutiva de ASCAP, declaró: “La decisión del DOJ deja a los Estados Unidos completamente desfasados con respecto a todo el mercado de la música a nivel internacional, niega sus derechos a los autores de música estadounidenses y posiblemente altera la circulación de la música sin ningún beneficio para el público. Es por eso que ASCAP trabajará junto con sus aliados en el Congreso, BMI y los líderes dentro de la industria de la música para explorar soluciones legislativas que impugnen el fallo sobre concesión de licencias al 100% del DOJ y aprueben modificaciones que protejan a los autores, compositores y a la música que todos amamos”.
En una carta previa a la petición dirigida al Juez Federal Louis Stanton, BMI le informó acerca de una propuesta para interpretar y posiblemente modificar su decreto de consentimiento. Específicamente, la carta solicita la siguiente reparación judicial:
- Determinación para que el decreto de consentimiento de BMI permita la concesión de licencias fraccionadas, llevada a lo largo de mucho tiempo en la industria, o bien,
- Como alternativa, una orden judicial que modifique el decreto para permitir la concesión de licencias fraccionadas;
- Un período de diligencia razonable después del fallo definitivo, si se debe cumplir con la interpretación del DOJ.
La copia completa de la carta previa a la petición de BMI se encuentra AQUÍ.
Como antecedente, en una frustrante conclusión de un proceso de revisión formal de más de dos años y medio, el DOJ anunció recientemente que se niega a actualizar los decretos de consentimiento de 75 años de antigüedad de ASCAP y BMI que reglamentan el modo en que funcionan las entidades. En cambio, decidió implementar un nuevo requisito que ordena que cada PRO conceda licencias al 100% sobre las canciones en sus respectivos repertorios, alterando drásticamente la práctica llevada por largo tiempo en la industria de conceder licencias fraccionadas y creando dificultades logísticas y legales que antes no existían para cientos de miles de autores musicales en todo el país.
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